Victoria y Anexas

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Por Ambrocio López Gutiérrez

 

BUENAS INTENCIONES

 

Una brevísima revisión a documentos de nuestro sistema educativo permite constatar que, en teoría, contamos con documentos magníficos, planes de desarrollo fundados en modernas teorías y que, tomando en cuenta nuestra riqueza propositiva, mereceríamos obtener resultados de excelencia en todas las evaluaciones internacionales, sin embargo, los problemas administrativos, sindicales, la violencia entre los alumnos, magnificada recientemente por casos extremos de bullyng en Tamaulipas, dejan en evidencia que los sesudos análisis son únicamente rosarios de buenas intenciones.

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo, se necesita mejorar los niveles de educación y bienestar para erradicar las causas de la pobreza, atender la satisfacción de las necesidades básicas, crear oportunidades de desarrollo humano y proporcionar la infraestructura necesaria para lograr que todos los mexicanos estén por encima de umbrales mínimos de educación y bienestar mediante las siguientes estrategias: proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos; lograr que la educación responda a las necesidades de los individuos y a los requerimientos del desarrollo regional y nacional (PND 2001-2006).

 

Se pondrá énfasis no sólo en la cobertura y la ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad de los mismos, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regiones; ello requerirá la ampliación de la atención educativa, en aspectos formales y no formales, hacia grupos de población infantil, joven y adulta que han quedado excluidos de las actuales estrategias y cuya educación es condición necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de la vida; el sistema educativo debe ofrecer oportunidades de aprendizaje a los ciudadanos de cualquier edad.

 

Formular, implantar y coordinar una nueva política de desarrollo social y humano, con un enfoque de largo plazo; actualizar los objetivos de la política pública, poniendo énfasis en la superación de las personas y en el desarrollo de sus capacidades e iniciativas, así como en el fortalecimiento de las formas de participación social; en esta tarea se adoptarán criterios de permanencia de los programas de largo plazo y sin sesgos provenientes de coyunturas políticas o partidistas; se perfeccionarán los marcos jurídicos gubernamentales, transformando el papel de la administración pública federal para subrayar su función promotora del desarrollo y garantizar la atención a los grupos sociales más necesitados.

 

Diseñar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, que amplíen el acceso a la infraestructura básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad oportunidades para tener acceso al desarrollo y la prosperidad; en las localidades aisladas y en las zonas de más alta marginación se asegurará el acceso de la población más necesitada a los productos básicos; asimismo, se ampliará la dotación de servicios de infraestructura básica como agua potable, drenaje, electricidad y caminos.

 

Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y asegurando protección económica a las familias; asegurar el acceso a los servicios de salud y que los usuarios reciban un trato profesional, que los satisfaga plenamente y que, al mismo tiempo, protejan la economía familiar, para fortalecer la cohesión social al reducir las desigualdades.

 

Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y servicios de seguridad social; la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.

 

El gobierno de la República desarrollará y ampliará las modalidades de seguridad social: brindará una mejor atención a la población actual y a las nuevas familias que demandarán y tendrán derecho al servicio, y apoyará a quienes no tienen esta protección; mediante la concertación entre instituciones públicas y privadas, se buscará aumentar las oportunidades de acceso a las estancias infantiles para los hijos de las madres trabajadoras y mejorar así las oportunidades de participación de las mujeres en la vida productiva para elevar su calidad de vida.

 

Desarrollar una cultura que promueva el trabajo como medio para la plena realización de las personas y para elevar su nivel de vida y el de sus familias; promover una nueva cultura laboral que fomente el trabajo por medio del establecimiento de condiciones de empleo digno y bien remunerado, con énfasis en grupos vulnerables, particularmente los excluidos del desarrollo, y que culmine en una reforma laboral integral incluyente; para ello se profundizarán los programas de capacitación y desarrollo de asistencia técnica para trabajadores en activo y desempleados, y se establecerán mecanismos para que las condiciones de creación de empleo y autoempleo estén al alcance de todos los sectores de la población, incluyendo a los actualmente marginados del proceso.

 

Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y de la sociedad civil, buscando consolidar el mercado habitacional para convertir al sector vivienda en un motor de desarrollo; se aumentarán los esfuerzos para otorgar créditos suficientes, mediante el financiamiento público y privado, para que los trabajadores obtengan una vivienda digna, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; asimismo, se mejorará la titulación e inscripción oportunas en materia de vivienda.

 

Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida; impulsar programas integrales de capacitación y organización de los campesinos en todo el territorio nacional; esto les permitirá conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto de la tenencia de la tierra, para desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los avances tecnológicos y usar racionalmente sus recursos, con el propósito de elevar su nivel de vida y con ello alcanzar su integración al desarrollo nacional.

 

Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales; fomentar las condiciones para que los habitantes del medio agrario tengan acceso a los servicios que prestan las instituciones financieras y crear con ello alternativas productivas que signifiquen nuevas oportunidades de ingreso, consolidando así el desarrollo agrario integral; además, se atenderán los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento.

 

Promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad; crear mecanismos para que las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico se orienten de manera creciente a atender problemas que afectan el bienestar de la población, fundamentalmente en temas prioritarios como alimentación, salud, educación, pobreza y medio ambiente, tomando en cuenta que la ciencia básica es una prioridad para la educación y el desarrollo cultural del país.

 

Un futuro social promisorio requiere de una educación básica de buena calidad; aspiramos a que todos los niños y jóvenes del país aprendan en la escuela lo que requieren para su desarrollo personal y para convivir con los demás, que las relaciones que ahí se establezcan se sustenten sobre la base del respeto, la tolerancia y la valoración de la diferencia, que favorezcan la libertad, que contribuyan al desarrollo de la democracia y al crecimiento de la nación.

 

Una educación básica de buena calidad no es solamente una legítima demanda social, constituye también una condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado; la información disponible muestra que, en términos generales, el mayor bienestar se asocia con una escolaridad alta y que, por el contrario, aquellos grupos de población o personas que no tienen acceso a la escuela o no concluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen menores posibilidades de aprovechar las oportunidades de desarrollo.

 

Por este motivo, sociedad y gobierno debemos comprometernos en la construcción de una educación básica de calidad que desarrolle las facultades de las personas y que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los seres humanos, en sus dimensiones personal y social, y los faculte para el ejercicio responsable de sus libertades y sus derechos; en suma, habremos de trabajar para asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos los mexicanos, consignado en el Artículo Tercero de la Constitución; por esta razón, la justicia educativa y la equidad en el acceso, en el proceso y en el logro educativo son propósitos y compromisos principales del Gobierno Federal en materia de educación básica.

 

En la consecución de estos propósitos todos tenemos un papel activo que jugar y nadie es ajeno a la responsabilidad de contribuir al logro de los objetivos que perseguimos en este ámbito; además de la acción decidida de todos los órdenes de gobierno, se suma la de los distintos sectores que participan en la tarea educativa: el personal docente y directivo de las escuelas, los padres de familia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales y políticas; los profesores afrontan una responsabilidad de gran magnitud en el aula: la formación de los niños que reciben bajo su cuidado la oportunidad y el reto de contribuir a la construcción de su futuro.

 

 

Correo: amlogtz@prodigy.net.mx


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